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lunes, 10 de junio de 2013

ACADEMICOS DE LA USACH DEMANDAN A RECTOR ZOLEZZI ANTE LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS.

“En el caso que venimos en denunciar ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDDHH) se tipifica una violación colectiva de los derechos de los Académicos de la Universidad de Santiago de Chile, que en un primer momento amenazó con afectar a una cifra estimada de 300 personas...” Así comienza la denuncia presentada por la Asociación de Académicos de la Universidad de Santiago, ASOACAD ante esa instancia internacional -dirigida contra el estado chileno- por las 39 supresiones de cargo, y un número desconocido de exoneraciones arbitrarias, 20 término de contrato arbitrario lo que suma más de 80 académicos afectados por estas medidas. 
El documento, de 32 páginas, fue interpuesto el pasado 4 de junio por la directiva de la Asociación, encabezada por su presidente Rodolfo Jiménez Cavieres, con el patrocinio de los abogados Luis Riquelme Navarro y José Rojas García. El escrito apunta al Rector Juan Manuel Zolezzi como autor intelectual y material de las arbitrariedades e imputa responsabilidad solidaria al Contralor General de la República, Ramiro Mendoza, como “la autoridad llamada a efectuar el control de legalidad y evitar la comisión de ilícitos en la Administración Pública Chilena”.

La organización gremial precisa que no llegaron a concretarse los 300 despidos solo por la defensa realizada por la ASOACAD y la reacción de la comunidad académica, pero advierte que, persistiendo la Resolucion Exenta número 1.273 de Rectoría, que dio lugar al proceso de supresión de cargos, “nada garantiza que la cifra original de despidos no pueda llegar a materalizarse en los próximos meses”. Agrega que, además, el número definitivo de afectados es incierto por la negativa del Rector a entregar la nómina completa, pese a que el Consejo Para La Transparencia ha dictaminado que se encuentra obligado legalmente a entregar dicha información: “La información respecto de quienes ha afectado la supresión de sus cargos solo ha podido conocerse cuando los hechos ya han sido consumados”, expone la ASOACAD en su presentación.

Precisa que, como consta en la Resolución número 019901 de la Contraloría, Juan Manuel Zolezzi presentó a ese organismo 58 decretos supresión de cargo y más de 20 decretos de término de contrato, añade que, a pesar de contar con la toma de razón de Mendoza para ese número de supresiones, el Rector solo ha despedido a 39 académicos, “manteniendo así sujeto a su mera discrecionalidad, cual Espada de Damocles, el momento en que privará de sus cargos a las otras 19 personas”. En la denuncia ante la CIDDHH, la ASOACAD puntualiza que “esta nueva arbitrariedad, tolerada por la Contraloría General de la República, no hace más que confirmar la laxitud y extrema falta de imparcialidad con que ha actuado el Contralor en los hechos denunciados”.

En el documento se detalla que estas arbitrarias exoneraciones, hasta hoy, han afectado a los siguientes académicos: Sergio Acevedo Grifero, Héctor Aliaga Gambino, José Álvarez Guenchuman, Luis Atero Montes, Hugo Ayal Lasagna, Carlos Balocchi Carreño, Esperanza Barham Abu-Mohor, Héctor Barrera Zúñiga, Rolando Blest Castillo, Leoncio Briones Sepúlveda, Luis Caro Hernández, María Soledad Chamorro Ávila, Juan Cockbaine Ojeda, Frederick Dobbs Díaz, Carlos Esparza Barrera, Alejandro González Bombardiere, Ricardo Hinojosa Acuña, Américo Ibarra Lara, José Jara Henríquez, Iván Milos Méndez, Horacio Miranda Ubilla, Martín Montalva Paredes, Jorge Morales Gamboni, Ricardo Muñoz Cisternas, Víctor Olivares Chiappa, Gil Olivares Cortés, Pedro Ortega Muñoz, Edwin Oyarce Palavecino, Víctor Paredes González, Pablo Pavlov Peruzovic, Luz Pérez Ayala, Bryan Perry Mark, Claudio Pizarro Hidalgo, Juan Proaño Ferrer, Iván Rodríguez Allendes, Eduardo Schroeder Rodríguez, Gerardo Silva Chandía, María Tornquist Hoces y Carlos Urzúa Stricker.

En su denuncia ante la CIDDHH, la ASOACAD adjunta los datos de solo 4 de las víctimas porque -explica- “habida consideración del grave daño a la integridad psicológica que causó esta medida, que añadió el escarnio público y un ataque directo a la honra profesional y personal de los afectados, muchos de ellos han decidido no mantener contacto alguno con la Universidad, lo que dificulta contactarles”. No obstante, deja abierta en su presentación la posibilidad de entregar nuevos antecedentes.

La Asociación hace ante el organismo internacional un detallado relato de los hechos desde el jueves 12 de abril de 2012, cuando el Rector Juan Manuel Zolezzi comunica al Consejo Académico su intención de llevar adelante un plan de restructuración de la USACH, hasta el viernes 13 de abril del mismo año, fecha en que se inicia la notificación a los exonerados.