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lunes, 22 de julio de 2013

Caso CNA: fiscalía recibe informe clave sobre UNIACC y cita como imputado a ex rector por contratos con Luis Eugenio Díaz


Foto: www.theclinic.cl
Publicado por: www.theclinic.cl

El fiscal Carlos Gajardo recibió el pasado 13 de junio un informe de la PDI, donde se analizan los correos de Schwarz con Díaz, donde se hace mención a asesorías, mientras era presidente de la Comisión Nacional de Acreditación. Fuentes allegadas al caso comentaron que el modus operandi es el mismo usado por Díaz con la UPV, la SEK y la Universidad del Mar. De allí que dependerá de este testimonio si Gajardo lo formaliza, eventualmente por soborno y le aplica un nuevo ilícito de cohecho a Díaz, quien además está imputado por lavado de activos, negociación incompatible y delito tributario por presentar boletas falsas.


El pasado 13 de junio el fiscal oriente Carlos Gajardo, recibió un informe preparado por la PDI, donde se indagaron las comunicaciones digitales entre el ex rector de la UNIACC, Hermann Schwarz y el ex presidente de la Comisión Nacional de Acreditación (CNA), Luis Eugenio Díaz, en el marco de la investigación por lavado de activos, negociación incompatible y cohecho.

Schwarz, que hace tiempo está en la mira de la fiscalía, designó hace pocos días al penalista Miguel Chaves, uno de los top del foro, para que asuma su defensa, ya que Gajardo lo citó a declarar en calidad de imputado. Después de su testimonio, el Ministerio Público evalúa formalizarlo, eventualmente, por soborno.

La decisión de Gajardo no sólo se enmarca en la orden de investigar de la policía civil, sino además por una serie de antecedentes que constan en el carpeta de investigación, referidos al modus operandi de la UNIACC con Díaz, los que son similares a los que usó este último con las universidades del Mar, UPV y SEK. Estas casas de estudio, están formalizadas, por Ley de Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas por actos de corrupción.
En este caso, hay que recordar que también están imputados por blanqueo de capitales el ex presidente de la CNA, Luis Eugenio Díaz, el ex rector de la UDM Héctor Zúñiga y Ángel Maulén, uno de los dueños de la UPV. El primero además lo está por cohecho y negociación incompatible, mientras que los restantes por soborno, junto al ex rector de la SEK, José Schroeder.
Datos pasados
La información que maneja el fiscal Gajardo está referida, en una primera etapa, a la presidencia que ostentó Díaz en la CNA. En ese contexto, a principios de 2010 UNIACC iniciaba su proceso de acreditación, trámite ineludible si quería que sus alumnos accedieran al Crédito con Aval del Estado (CAE). En ese contexto y de forma paralela, Díaz ofreció sus servicios, tendientes a obtener la acreditación de la casa de estudios por cuatro años, por dos pagos: 70 millones y 30 de premios si conseguía la aprobación. Esos contactos, de acuerdo a los mails, los hizo con Schwarz, quien además, ostentaba el cargo de presidente del Grupo Apollo en Chile, multinacional de la educación con presencia en cuatro continentes y dueña de la UNIACC.
Uno de los mails con los que cuenta el fiscal Gajardo en su investigación –y publicados por Ciper-, es precisamente donde Díaz ofrece sus servicios: “Una asesoría en el diseño e implementación del proceso de gestión y aseguramiento de la calidad y en particular, del proceso de re-acreditación institucional de la universidad. La asesoría se brindaría especialmente al presidente ejecutivo y al Rector, así como al comité o comisión de acreditación y demás instancias colectivas que lo requieran. El consultor revalidaría al menos una vez al mes el estado de avance del proceso de acreditación y los documentos que al respecto se elaboren… El proceso de consultoría se extendería desde esta fecha hasta que se adopte la decisión definitiva de acreditación. Los honorarios por esta consultoría ascenderán a la suma de $70.000.000 a todo evento y de $30.000.000 adicionales para la eventualidad que la universidad sea acreditada por 4 años”.
Sin embargo, no pudo cobrarlos completitos por los cambios internos ocurridos ese mismo año, aunque de todas formas se embolsó 20 palos.
De allí que el informe que tiene en su poder el fiscal Gajardo, le servirá de base para profundizar en la eventual responsabilidad penal de Schwartz.
Megazorra
No son los únicos contratos que suscribió Díaz, durante su gestión paralela a la CNA. También los tuvo con la SEK, la UDM, UPV, Santo Tomás, entre otras y de acuerdo a los datos de la investigación, se habría embolsado poco más de 290 millones de pesos, por los cuales también está querella por el Servicio de Impuestos Internos (SII) por delito tributario. Lo anterior, por una serie de boletas falsas relacionadas a sus asesorías truchas.
Schwartz enfrenta hasta ahora una compleja situación procesal, pero también la UNIACC, porque si el ex rector es formalizado ante el Octavo Juzgado de Garantía por soborno, lo más probable es que el fiscal recurra por Ley de Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas, cuerpo legal aprobado en diciembre de 2009 para que Chile cumpliera el estándar OCDE en la lucha contra el crimen organizado y la corrupción.
La UNIACC ha enfrentado en los últimos años, como actualmente, problemas de carácter económico y otra investigación en el Ministerio Público, relativa al uso trucho de las becas Valech, que favorecían a ex presos políticos y torturados durante la dictadura de Pinochet.
En materia de lucas, el Ministerio de Educación y la CNA descubrió que la calidad de su servicio era mala. Que hubo traspasos de dineros a un instituto profesional de su propiedad, cuestión que también es indagada por el mismo fiscal, pero en la “arista lucro”.
Con cuello
En tanto, ayer la Corte de Apelaciones de Santiago, rechazó un recurso de ilegalidad presentado por la UNIACC en contra de un fallo del Consejo para la Transparencia, que lo obligó a entregar información sobre los procesos de acreditación con la CNA. La decisión de tribunal de alzada capitalino, también afectó a la Universidad Santo Tomás y a su homóloga Las Américas. Todas deberán entregar la información con la que cuenta la CNA entre los años 2006 a 2012.
La Corte estimó que la información era de carácter pública, atendido el carácter administrativo de las mismas. En todo caso, las casas de estudio aún tienen la posibilidad de recurrir a la Corte Suprema.