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lunes, 29 de julio de 2013

La Nación y la Universidad

Por: Hernan Neira
Publicado por www. usachaldía.cl

Profesor del Departamento de Filosofía de la FAHU, reflexiona sobre la crisis del sistema universitario.

Mucho se ha criticado la ocupación de algunos campus por estudiantes, pero se calla que, previo a retirar a los rectores militares en 1990, el gobierno de Pinochet ocupó el sistema universitario completo mediante la Ley General de Universidades, todavía vigente. Y se calla también que, al asumir el actual gobierno, el Ministro Lavín propuso a las universidades estatales sustituir los Consejos Académicos y Senados Universitarios por directorios de empresas comerciales con giro universitario, donde sus miembros responderían con su propio capital por su desempeño.

La ocupación de algunos campus por estudiantes no resuelve el problema universitario. Excepto situaciones extraordinarias y breves, eso perjudica a las universidades estatales y favorece a las privadas. Es una medida de fuerza que no comparto, pero admito que vivimos una situación de fuerza, dictada en 1989.
La elección de autoridades en las universidades estatales a partir de 1990 no agota la normalización universitaria, sino que es su comienzo. La transición universitaria a la normalidad sólo concluirá cuando satisfaga las exigencias científicas y culturales que ellas se den y las aspiraciones políticas que la nación de le demande. Estamos lejos de ello: amén de regir la ley de 1989, de las dieciséis universidades estatales, quince todavía tienen estatutos heredados de la dictadura.
Se requiere una nueva legislación universitaria, es decir, acabar con la ocupación de los campus por medio de los instrumentos legales vigentes desde 1989. Es una tarea que corresponde a la nación, junto con darles los medios, hoy concentrados en universidades privadas, muchas de las cuales satisfacen sus fines de lucro con subvención estatal, algo tan ilegal como tomarse un campus. Y, si se escucha tanto a las asambleas estudiantiles, es porque en un cuarto de siglo sólo hubo cambios cosméticos, trasladando a los rectores de las universidades estatales la responsabilidad de desalojar las ocupaciones estudiantiles por una situación que ni crearon ni pueden resolver. El tema de fondo es acabar con la ocupación militar de guante blanco.
 
En un opúsculo titulado Idea y defensa de la universidad, donde condena la ocupación militar de los campus, el filósofo Jorge Millas afirmaba que la universidad democrática se define porque responde a la voluntad de la Nación. Esa voluntad no se constituye en una asamblea universitaria, ni en un Senado Universitario, pero sí puede hacerlo en una asamblea legislativa o constituyente, que deberá determinar las características y financiamiento de las universidades.


El lucro cesante universitario de hoy –hay millones de casos- lo constituyen los alumnos talentosos que se quedan fuera de la educación superior por no tener recursos, la agonía de las universidades públicas debido a la legislación y el golpe que nos quiso dar el gobierno con su despropósito de transformar las universidades estatales en empresas. Las movilizaciones universitarias –no solo estudiantiles- nos salvaron de ello, aunque provocaron otros daños. Ahora es necesario pasar a una nueva etapa: la legislativa y constituyente.