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jueves, 26 de septiembre de 2013

Gobierno y dirigentes logran acuerdo para terminar paro del Registro Civil tras 17 días

Propuesta que incluye, entre otros puntos, elevar el grado a trabajadores desde enero, se aprobó en Santiago y hoy se conocerá resultado en regiones.
La solución comenzó a afinarse ayer, tras una cita de los dirigentes en la Dirección de Presupuestos. Costo del acuerdo se acerca a los $ 2 mil millones.


“¡Ganamos!”. Los gritos de los funcionarios del Registro Civil de la Región Metropolitana daban cuenta ayer, a las 16 horas, del principio de acuerdo alcanzado entre el gobierno y los dirigentes del servicio para deponer el paro que, a esas alturas, se extendía por 17 días hábiles.

A esa hora, el resto de las asambleas de funcionarios a lo largo del país aún se encontraban reunidas para definir si votaban a favor o en contra de la última propuesta entregada por La Moneda, que consistía en una modificación de los plazos en que se aplicarían las alzas salariales a los trabajadores.

Los resultados de las votaciones a nivel regional serán dados a conocer durante esta jornada. Anoche, la presidenta de la Asociación de Funcionarios, Nelly Díaz, adelantó que “nos vamos a dar el tiempo para buscar consenso. No queremos que algunas regiones vuelvan a atender y otras sigan en paro”. Más temprano había asegurado que no bajarían el paro, “hasta que tengamos un documento firmado desde el Ministerio de Justicia por ambas partes”.

Ayer, la nueva fórmula puesta sobre la mesa por el gobierno fue el factor que volcó las acciones hacia una desactivación del conflicto. Entre el martes en la noche y la mañana de ayer hubo una serie de conversaciones entre los ministerios de Interior y Justicia con Nelly Díaz.


La nuevas condiciones implicaban concretar el aumento en el grado de remuneraciones que demandaban los trabajadores en enero del próximo año. Lo anterior, para la totalidad de los funcionarios, a diferencia de la propuesta entregada el lunes, que consideraba realizar el alza para el 60% durante este mes y en julio de 2014, para el 30% restante. El otro 10% de funcionarios -explican- se encuentra acogido al acuerdo alcanzado en 2008.

Los primeros acercamientos se dieron temprano, ayer: cerca de las 8.30, Díaz arribó hasta la Dirección de Presupuestos junto a tres dirigentes, para sostener una reunión con funcionarios de dicho organismo, además del subsecretario de Justicia, Juan Ignacio Piña.

En el oficialismo llamó la atención la ausencia en esa reunión de la ministra de Justicia, Patricia Pérez, quien había liderado las tratativas.

Según coinciden en el gobierno y entre los dirigentes, dicho encuentro fue pactado gracias a las gestiones del senador DC Andrés Zaldívar.

Tras reunirse con los dirigentes en su oficina, el martes en la tarde, el senador se comunicó con los ministros de Interior y Segpres, Andrés Chadwick y Cristián Larroulet. El parlamentario les transmitió la necesidad de solucionar el conflicto, para no entorpecer la tramitación del Presupuesto 2014, que se inicia la próxima semana.

El mismo factor que el propio Presidente había puesto sobre la mesa a sus ministros, desde Nueva York. Fuentes de gobierno dicen que el Mandatario pidió solucionar el conflicto antes de su regreso a Chile, previsto para hoy en la mañana.

Nuevos términos


En Palacio aseguran que no se puso una nueva propuesta sobre el tapete, sino que más bien se trata de una modificación en los plazos. Agregan que el costo fiscal del acuerdo no varía, acercándose a los $ 2 mil millones. De hecho, en medio de las tratativas, el vicepresidente de la República, Andrés Chadwick, salió a aclarar que “no hay más propuestas”.

Recién al mediodía de ayer, la directora de Presupuestos, Rossana Costa, notificó al gobierno de la viabilidad de concretar el alza para todos los funcionarios en enero del próximo año.

Pese a las declaraciones de Chadwick, el lunes, el gobierno había dado un ultimátum a los funcionarios del Registro Civil para pronunciarse, hasta la medianoche, sobre la propuesta realizada ese día. De lo contrario, la negociación quedaba en cero.

Si bien los dirigentes mantuvieron su rechazo, el Ejecutivo terminó modificando su planteamiento de salida. Entre otros factores, dicen, por la fuerte presión hacia el gobierno de otros gremios, como la Anef y los funcionarios del SII, que respaldaron la postura del Registro Civil.

Otro factor fue el rol que jugó la Iglesia: ante la petición de algunos dirigentes, el obispo auxiliar de Santiago, Cristián Contreras, se contactó con el ministro Larroulet, para hacerle ver la necesidad de terminar con el conflicto.

Más allá del acuerdo logrado ayer, en el Ejecutivo explican que ya se iniciaron la semana pasada las fiscalizaciones, para determinar las sanciones correspondientes a alrededor de dos mil funcionarios que adhirieron al paro, las que, según Chadwick, se aplicarán de todas maneras.

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