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jueves, 10 de octubre de 2013

Caso SQM-Cascadas: Operaciones de Ponce Lerou afectarían fondos de las AFP

Además la Corte de Apelaciones dio 48 horas a la Superintendencia de Valores y Seguros para explicar por qué no han entregado la información solicitada por la Fiscalía en el caso Cascadas, que involucra al presidente de Soquimich, Julio Ponce, en una serie de negociaciones ilegales. El abogado de los accionistas minoritarios valoró esta resolución, ya que a su juicio esto solo entorpece la labor de la justicia.


La Corte de Apelaciones acogió a trámite la presentación hecha por el Ministerio Público y solicitó a la Superintendencia de Valores y Seguros un informe en el que se expliquen las razones por las cuales no se entregó la formulación de cargos a Julio Ponce Lerou y otros tres ejecutivos al fiscal a cargo de la investigación del caso Cascadas, José Morales.

La operación liderada por Ponce Lerou habría desestabilizado el mercado de acciones, al crear sociedades con patrimonio relacionado que incurrieron en el delito de realizar acciones artificiosas mediante negociaciones fraudulentas y privadas, con el fin alterar o manipular el precio de las acciones que se transan en la bolsa o el valor patrimonial de las compañías que tienen acciones en ella.


El abogado Mauricio Daza, representante de los accionistas minoritarios, destacó la resolución de la Corte y desestimó las razones esbozadas por la Superintendencia de Valores y Seguros para no otorgar esta información.

“Esta negativa se fundaría en la circunstancia de que estos antecedentes se consideran como reservados y que entregárselos al Ministerio Público podría vulnerar de alguna forma esa reserva. Este argumento es absolutamente absurdo si se considera de que, a esta fecha, todos los antecedentes de estos cargos que se han levantado en el contexto de la investigación llamada “Cascadas” son conocidas por la opinión pública a través de diversos medios de prensa. La verdad es una obstrucción a una investigación penal que no tiene ningún sentido, así que esperemos que esto se corrija”, señaló.

Mientras estuvo casado con la hija de Augusto Pinochet, Julio Ponce llegó en 1980 a la presidencia de Soquimich, empresa estatal que nació bajo el gobierno de Salvador Allende y fue privatizada durante la dictadura.

En su libro “El saqueo de los grupos económicos al Estado Chileno”, la directora del Instituto de la Comunicación e Imagen de la Universidad de Chile y Premio Nacional de Periodismo 2009, María Olivia Mönckeberg, explica que en el caso de Soquimich las acciones de la empresa fueron vendidas a un precio mucho menor que el de mercado, lo que favoreció directamente a los compradores, es decir, a Julio Ponce y su grupo.

El texto señala que, con esta operación, Ponce Lerou se adueñó de “prácticamente el total de las reservas de nitratos, yodo y litio del país y del mundo”, en un caso en el que “el proceso de traspaso se caracterizó por la falta de transparencia”.

Pero ahora es el dinero de todos los chilenos el que estaría en juego. El abogado Mauricio Daza explica que “Julio Ponce tiene un conjunto de empresas que cotizan en bolsa y muchas AFP han comprado acciones de estas empresas, con la finalidad de hacer una inversión. El problema es que ahora se ha descubierto que el valor de esa acción no sería real, sino que fue manipulado por Julio Ponce, a partir de un conjunto de ventas que realizaba de forma fraudulenta”.

Respecto del funcionamiento de esta “cascada”, el abogado detalla que “una empresa de Julio Ponce Lerou le vende a un palo blanco una determinada cantidad de acciones a un precio inferior al de mercado. Acto seguido, este palo blanco vende esas mismas acciones a otra empresa del mismo Ponce Lerou pero ahora a un precio artificialmente superior al del mercado. De esta forma, entonces, ellos tenían la posibilidad de abultar sus estados patrimoniales, en perjuicio de los accionistas minoritarios entre los que se encuentran las AFP donde tenemos puesto nuestro dinero los chilenos”.

Es tal la envergadura de esta operación que los querellantes exigen para Julio Ponce y sus socios la pena máxima estipulada para estos delitos, es decir, diez años de prisión.

La semana pasada, el superintendente de Valores y Seguros, Fernando Coloma, precisó que la decisión busca mantener la reserva de la investigación.

“Precisamente en la línea de garantizar la reserva, se le dijo al Ministerio Público que se les entregaba el informe, pero sujeto a que de garantía de cómo se iba a cuidar la reserva y ellos plantearon que no estaban en posición de garantizarnos esa reserva en los términos que nosotros lo estábamos planteando”, apuntó.

No obstante, por la resolución judicial, el informe solicitado por la Corte de Apelaciones debería ser entregado este miércoles por la Superintendencia de Valores y Seguros.

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