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jueves, 2 de enero de 2014

Trabajadores de "La Nación" interpelan a nuevo Gobierno a manifestarse por venta del medio

El próximo 16 de enero se conocerán las ofertas de compra para el diario La Nación, en el marco de la disolución de la empresa periodística con participación estatal, que inició el actual Ejecutivo en 2012. Nancy Arancibia, presidenta del sindicato de trabajadores, manifestó que "seguimos intentando convencer al Gobierno de que es una pésima idea cerrar el diario y por varias razones: la más evidente es que es un atentado a la libertad de expresión y al pluralismo, va contra la diversidad de voces que deben existir en una sociedad", sostuvo.


Radio Tierra
El diario La Nación en su versión web, es el último activo que aún no ha sido traspasado o vendido desde la empresa periodística que conformaba junto al Diario Oficial, la imprenta Puerto Madero, y el antiguo edificio institucional ubicado en calle Agustinas. El medio es propiedad del Estado en un 70% a través del Gobierno, el 29% está en manos de privados en la sociedad Colliguay, y el 1% pertenece al sindicato de trabajadores.

Para Arancibia en el actual escenario de cambio de gobierno "las posibilidades son todas", y asimismo subrayó que "finalmente todo pasa por una decisión política", porque "cerrar la empresa fue una decisión política", apuntó.


"Las posibilidades del nuevo Gobierno nosotros no lo sabemos, lo único que queremos es saberlo. Lo que nosotros estamos haciendo ahora es presionar, o visibilizar, o interpelar, o llamar, o todas las alternativas anteriores, para que el nuevo Gobierno se manifieste, porque ellos no lo han hecho respecto del diario. Nosotros tuvimos conversaciones con el comando que fueron privadas, son ellos los que tienen que hacer pública su posición respecto del diario La Nación y la necesidad de mantenerlo como un medio público -no de gobierno- y regulado, con estatutos", explicó la presidenta del sindicato.

"La Nación" fue fundada como un diario independiente por el senador liberal Eliodoro Yáñez en 1917, para luego ser estatizada en un 100% durante el gobierno del general Carlos Ibáñez del Campo. Posterior a su caída, en 1932 se transformó en una empresa mixta con presencia mayoritaria del fisco. Tras el Golpe de Estado de 1973 fue intervenido durante largos años, recuperando su nombre en la década de los '80. Durante la Transición el diario jugó un rol clave en las investigaciones por violaciones a los Derechos Humanos y en adelantar temas como el lucro en la Educación.

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