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jueves, 19 de mayo de 2016

Breve reflexión sobre la reforma a la Educación Superior en nuestro país

Dr. Rafael Labarca

El contenido de esta columna es de responsabilidad del autor y no compromete al Directorio de la ASOACAD. El objetivo de difundirla es estimular un debate y análisis de materias contingentes y/o del interés de nuestros asociados y asociadas.

Una reforma a la educación superior de Chile, requiere repensar el sistema actual que ha crecido al amparo del mercado y con muy poca regulación. Entendemos que el Sistema de Educación Superior (SIES) debe ser un elemento activo en la definición del futuro de la nación y, para que así sea, la sociedad debe percibir que este sistema tiene un rol que cumplir  en la superación de la pobreza, el progreso económico, la inclusión social, la democracia  y el desarrollo cultural de nuestro país. De esta forma, y cualesquiera que sea el tipo de institución que participe del sistema debe exigirse que sus aportes se hagan con mínimos padrones de calidad y que contribuyan al desarrollo de la nación en su ámbito particular o en otro más general.

Constatamos, en los hechos,  que no se ha articulado el sistema estatal de Educación Superior  y paralelamente se ha reducido y confundido el sentido de lo público. El resultado de esta política produjo una deuda histórica del Estado chileno con la comunidad nacional al privarla de un ente pensante, crítico, propositivo, pluralista y laico para su desarrollo económico y social. Estimamos que en  el análisis previo, a cualquier propuesta de reforma, debe aclarar el concepto de lo público, reconocer esta deuda histórica y asignar un rol activo al SIES estatal en un desarrollo sustentable y democrático de la nación.

Por el devenir histórico del país  constatamos que hay dos subsistemas de educación superior en el país: uno público (constituido por todas las instituciones de educación superior del estado de Chile) y uno privado (constituido por todas las instituciones privadas de educación superior del país),  cada uno de los cuales debe contar con un marco regulatorio propio y que dividiremos en  el sistema estatal y el sistema privado. El primero conformado las universidades del Estado, los centros de formación técnica estatales y las escuelas e institutos de formación de las Fuerzas Armadas y de Orden  y, el segundo,  conformado por todas las instituciones privadas de educación superior.

Esta separación naturalmente conlleva formas diferentes de financiamiento. Las universidades estatales deben recibir, del Estado, financiamiento directo total para todas las funciones constitutivas de su misión: docencia, investigación, vinculación con el medio.

Esta propuesta tiene como antecedente, además,  el Art, 10, capítulo 3 de la actual Constitución Política de Chile, donde se declara: “corresponderá al Estado fomentar el desarrollo de la Educación en todos sus niveles; estimular la investigación científica y tecnológica, la creación artística y la protección e incremento del patrimonio cultural de la Nación”. ¿Qué rol activo puede tener el Estado de Chile para el desarrollo nacional si no tiene instrumentos de pensamiento crítico y creativo  para generarlo.

En lo práctico y transitorio se debe aceptar que el actual sistema estatal de educación superior adolece de una serie de  debilidades y pérdida de diversas cualidades inherentes a una institución de Educación Pública  ocasionadas, principalmente, por el precario aporte estatal que las obliga a autofinanciarse. La institucionalidad que se debe crear para el funcionamiento del sistema estatal (no dependiente de las Fuerzas armadas y de Orden)  deberá crear las instancias y organismos que permitan su total reestructuración de acuerdo  a los nuevos requerimientos y que considere entre otros: carrera nacional académica, carrera funcionaria, sistema de remuneraciones acordes con la responsabilidad de los cargos, sistema único de ingreso, los mecanismos de la elección de las autoridades unipersonales o colegiadas y la participación o no de los diferentes estamentos en su elección o composición, etc. Asimismo deberán estas instituciones ser paradigmáticas en lo relativo a calidad, considerando sistemas de calidad permanente y planes de desarrollo periódicos de acuerdo a las necesidades nacionales y regionales.

El país valora la existencia de iniciativas privadas que deseen colaborar con su desarrollo a través de la creación de instituciones de educación superior reguladas por el Estado. Las ideas contenidas en el documento de trabajo propuesto por el Ministerio de Educación  el año pasado (PROPUESTA DE DOCUMENTO ELABORADA POR LA COMISIÓN DE REFORMA A LA EDUCACIÓN SUPERIOR) constituye una  base para que el Estado pueda cumplir su rol de garante - para la población - en todo lo relativo al Sistema de Educación Superior Privado con o sin financiamiento fiscal. 

El desarrollo de Chile y de su población requiere de una Educación Superior estatal  estable, diversa, plural, laica, sustentable, crítica, creativa  y fortalecida y a todos quienes trabajamos en ella nos corresponde trabajar para ello.



2 comentarios:

  1. Oscar Díaz Sch.
    Aunque no pertenezco a la USACH y a la ASOACAD, me mantengo informado
    a traves de USACH al DIA y quiero manifestarte que hago comparto
    totalmente la opinión de Rafael Labarca.

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  2. Pedro Ortega Muñoz.
    De acuerdo con el colega Labarca. La Educación Superior tiene como Misión determinante de su hacer, cuatro objetivos fundamentales: a) Investigar para contribuir a precisar el Proyecto País y el perfil integral básico del ciudadano ideal; b) Docencia para la formación integral y específica de los trabajadores que demanda el país en su contingencia y en su desarrollo permanente; c) Extensión, para entregar la cultura del pensar, del arte y de la armonía social e individual y; d) Asistencia Técnica, para fortalecer las instituciones públicas y privadas, en su organización y en su gestión idónea y coherente con los tres componentes anteriores.
    La Misión así entendida, es lo esencial y punto de partida, para precisar políticas, normas, planes y proyectos que implementen y cautelen los objetivos fundamentales.Sin ese criterio, se corre el riesgo de reformas fraccionadas, desconectadas entre sí y, generadas por concepciones parciales de interés grupal o, aún, individual de líderes o autoridades que ostentan poder.

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