1
2
3
4
5
6Las opiniones vertidas en este blog son de la exclusiva responsabilidad de su autor y no comprometen al Directorio de la ASOACAD
Cuando uno observa la
discusión fiscal para el año 2017, se sorprende de algunas afirmaciones de
destacados economistas y no economistas (“está de moda diferenciarlos”).
1) El gasto público ha subido como
porcentaje del PIB
Predesaceleración aguda, todos los economistas de la
coalición gobernante señalaban que las reformas (tributaria, educacional,
laboral) eran necesarias porque la economía y la sociedad demandaban este salto
cuántico social. Si la provisión en educación y otros ítems sociales se expande
más que la base del PIB (la cual ha desacelerado fundamentalmente a factores
externos), tendremos un incremento en este ratio. Aun así, países con niveles
de deuda pública mayores, tienen mayores provisiones de bienes y servicios
públicos para sus ciudadanos, y ciertamente un gasto público relativo superior
al de Chile. Un acento correcto es poner énfasis en cómo se gastan estos
recursos públicos (evaluación e impacto).
2) Un menor crecimiento reduce la
recaudación tributaria
En general con una elasticidad tributación-PIB
unitaria a largo plazo, la recaudación tributaria real crece menos cuando la
economía se expande menos que lo esperado. Esta menor recaudación tributaria ha
sido anticipada y pronosticada cuando su realización fue inminente. Cuando uno
analiza los diferentes informes del Banco Central, del Ministerio de Hacienda y
entes privados y bancos de inversión, todos sobrevaloraban la fortaleza de
China a largo plazo. De hecho, Justin Lin, vicepresidente del Banco Mundial y
de la Universidad de Chicago, vino a Chile hace 3 años, y señaló que China
crecería por 10 años a lo menos al 10% por año; por tanto, la economía chilena
recibiría este gran impulso por mucho tiempo.
Así el escenario de riesgos para la economía chilena
se veía acotado. O sea, “casi todos se equivocaron” en la proyección del PIB.
3) ¿A qué se debe este menor crecimiento
de la economía chilena?
Desaceleración brusca en el comercio internacional,
caída en el precio de las materias primas (incluido el precio del cobre) y
menor crecimiento de la economía internacional. Arrastrada por este fin del
boom minero, la formación bruta de capital fijo se ha comenzado a expandir
moderadamente. Los efectos adversos por las reformas no explicarían la mayor
parte de la magnitud de la desaceleración en la economía chilena. Se contrae la
inversión en minería y el componente minero del PIB cae también fuertemente en
los últimos trimestres. Huelga señalar que aproximadamente el cobre es del
orden del 50% de las exportaciones totales, y el PIB sectorial minero se ubica
alrededor del 11% del PIB. Sin embargo, en este sector económico los
multiplicadores en términos de empleo y encadenamientos productivos son
superiores a este ratio. Es decir, “la desaceleración del impulso externo
explica la mayor parte de la desaceleración de la economía”.
4) Si no se contiene el déficit fiscal,
las clasificadoras de riesgo degradarán la solvencia crediticia de la economía
chilena
Es correcto que el ministro de Hacienda contenga el
déficit fiscal. Cuánto es lo que debe realmente contener, es una discusión
legítima. Y estamos hablando de márgenes razonables.
Vamos por parte: se afirma que las clasificadoras de
riesgo internacionales castigarían la posición de riesgo crediticio de Chile y
que esto traerá un alza de las tasas de interés para todos (personas y
empresas) si no somos medianamente drásticos en reducir el déficit fiscal.
Recientemente Moody's emitió un comunicado señalando que, a diferencia de otros
países de la región, estima que para Chile hay más probabilidades de
desaceleración que de crecimiento sostenido en el próximo año. Que la inversión
seguirá estancada, y que esto se debe básicamente a una caída en el precio del
cobre. También afirma que Chile posee un mercado bancario sano, capaz de
absorber las necesidades de financiamiento de las empresas. Y que existe un
espacio para un mayor gasto fiscal. De aquí se desprenden dos escenarios:
Escenario a) (Escenario ya
consolidado). El gasto público crece 2.7% en el presupuesto 2017 (y recortando
la inversión pública, la que ya muestra el presente año variaciones negativas),
dejando supuestamente más espacio a una política monetaria expansiva, “para que
esta última haga la pega”. Como que en el lenguaje se quisiera sustituir parte
de la inversión pública (que no se materializó) por tasas de interés más bajas.
Aquí hay que mirar la evidencia: en un escenario de desaceleración, de caída en
la inversión y en el consumo, con aumentos en tendencia del desempleo (y
precariedad laboral en diversos indicadores), la política monetaria juega un
rol acotado en términos de dinamizar la actividad.
El sistema financiero ya ha comenzado a ser
restrictivo en sus procesos crediticios con las empresas y personas, dada la
creciente aversión al riesgo como resultado de estos magros indicadores
macroeconómicos. La política monetaria en este escenario, con su tasa de
instancia en 3,5% y con una convergencia de la inflación, no podrá reactivar la
economía.
Además puede ocurrir la paradoja de que baje
efectivamente el costo de fondo a la banca en el mercado local (con esta
“acomodación” de la política monetaria) sin que esto se traduzca en una rebaja
de tasas para empresas y personas (el ambiente de desaceleración restringe el
volumen de crédito y sube su precio). Y esto puede llevar a que en un ciclo de
desaceleración las utilidades de la industria bancaria se expandan (más allá de
lo que ya es normal). Lo que ha ocurrido ya en otros episodios de
desaceleración. ¿No será mejor un mix de
política monetaria expansiva moderada con un aceleramiento de la inversión
pública?
Escenario b) (Hipotético). El gasto
público crece 3,0% en el presupuesto 2017 (en vez del 2,7%) destinándose estos
200 millones de dólares adicionales a los actuales niveles de inversión
pública. Tiene espacio para hacer esto la autoridad desde el punto de vista
financiero.
De hecho, el mismo ministro Valdés capitalizó
recientemente TVN con
70 millones de dólares. Al enfrentar la crítica de que esto era gasto, él
señaló muy “técnicamente” que esto generará réditos en el futuro y, por ende,
no era precisamente gasto (¿de dónde sale la plata entonces?). ¿Y por qué no se
aplica esa misma lógica a la inversión pública?
A su vez, gremios empresariales podrían ver con
bastante interés en términos un potenciamiento de la inversión pública. Está
documentado en la literatura que la inversión pública complementa a la
inversión privada, sobre todo en fases bajistas del ciclo, y ayuda a esta a
salir de su letargo, en términos de que se visualicen nuevos proyectos y
oportunidades empresariales.
Las externalidades positivas de un robusto plan de
fomento productivo que abarque construcción de obras, más créditos para las
PYMEs en momentos en que el grifo bancario comienza a cerrarse (incrementar
sostenidamente los montos a instrumentos crediticios con garantías estatales
como FOGAPE, FOGAIN, etc.), y asignar estos recursos (infraestructura, crédito,
capital, etc.) en términos de las regiones con mayor precariedad para causar
más impacto productivo. Con efectos positivos en el empleo, en la tributación y
en el desarrollo regional.
Aun así, un destacado economista señala que no hay una
lista de suficientes proyectos socialmente rentables. Si embargo, la lista es
larga: a la anterior ya mencionada, se debe adicionar la construcción de un
hospital público en el norte de Santiago (hay solo un hospital para 1 millón de
personas) y en otras ciudades de Chile ocurre lo mismo; renovación de
infraestructuras en los colegios (moderna y adecuada al nuevo contexto de
paradigma educativo), etc.
También es cierto que la urgencia de una política de
obras públicas claramente definida y expansiva no sería tema si la inversión
privada fuera robusta. Lo que no ocurre en la actualidad. Un apretón fiscal, y
en particular en obras públicas, haría más difícil la recuperación de la
inversión privada (“no estaría el ciclo minero presente para sostener la
economía”).
En relación con el sector corporativo, muy
activo en la emisión de bonos internacionales, posee un nivel de deuda privada
de aprox. 50% del PIB. Esto explica el 71% del endeudamiento público-privado
externo de la economía, mientras el sector público también ha ido aumentando su
endeudamiento bruto (aprox. 25% del PIB) producto de las reformas y su
incorporación a la OCDE en términos de mayor provisión de bienes y servicios
públicos.
Un altísimo nivel de deuda privada internacional
chilena deja al descubierto que están en un umbral de fragilidad. Y que
aumentar el gasto público (2,7% al 3,0%) para hacerlo contractivo,
especialmente en la dimensión de la inversión pública, podría ocasionar esta
mentada caída en la clasificación de riesgo país, con el consiguiente aumento
en los costos de fondos internacionales para la economía chilena. Esta
tautología (que no considera umbrales ni pequeñas variaciones en montos de
deuda pública y de gasto fiscal) ya ha sido meridianamente refutada por la
agencia de clasificación de riesgo Moody's en su reciente comunicado (en
términos de que existe un espacio para la política fiscal, y con un sistema financiero
local capaz de absorber las necesidades de financiamiento de las empresas).
En relación con la banca (el fondeo local),
apropiadamente una parte muy minoritaria del fondeo se obtiene en el exterior.
Con las ultrapolíticas monetarias expansivas de los Bancos Centrales de los
países desarrollados, ese argumento de que subirán las tasas de interés a
personas y empresas, deja de ser válido.
Para que ocurra este descalabro de aumento
significativo de interés para la economía chilena y la consiguiente caída en la
clasificación de riesgo país, debería ocurrir casi simultáneamente:
1. Un déficit fiscal sin contención (que no es el caso)
2. Debería reducirse considerablemente (y
simultáneamente) el stock de
reservas internacionales del Banco Central (aprox. 15% del PIB)
3. Y en conjunto ocurrir una aceleración del actual
déficit en cuenta corriente (aprox. 2% del PIB).
- Condiciones 2) y 3) no se verifican ni en el mediano
plazo. El punto es legítimo, pero es llevado a un extremo para no generar una
discusión más amplia respecto a la conveniencia de incrementar la inversión
pública en niveles razonables y acordes con la evolución de la formación bruta
de capital fijo de la economía. Así, el PIB tendencial seguirá con su evolución
descendente para la economía chilena.
También el ministro de Hacienda deja entrever que una
eventual recuperación podría venir si se deprecia el tipo de cambio real. Este
ha venido cayendo como consecuencia de una caída del tipo de cambio nominal,
que ha sido en los últimos meses más abrupta que la caída en la inflación.
Respecto a la controvertida relación “aumento del gasto público-caída en el
tipo de cambio real”, no existe evidencia de que el auge inflacionario de
trimestres anteriores y del 2015 (4,4% inflación durante dicho año) estuviera
basado en un incremento del gasto fiscal. Más bien esto obedeció a la
depreciación de todas las monedas de las economías emergentes como resultado
del fin del super ciclo en el precio de los commodities y a las expectativas de que la Reserva
Federal de USA subiera sus tasas como resultado de una recuperación más
vigorosa de lo esperado.
