Caso Profesor Raúl Thoms: Fallo Corte de Apelaciones

Santiago, diecisiete de abril de dos mil diecisiete.

VISTO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que comparece don Raúl Thoms Lobos quien deduce recurso de protección en contra de la Universidad de Santiago de Chile (USACH), representada por su Rector, don Juan Manuel Zolezzi Cid, por los actos arbitrarios e ilegales que indica en el cuerpo de su presentación.

Al respecto, señala que con fecha 3 de marzo del año en curso recibió en su domicilio carta remitida por la jefa del Departamento de Recursos Humanos  de dicha casa de estudios, mediante la que se le notificó el Decreto N° 440 de 17 de enero de la misma anualidad que declara expirado, por salud incompatible, el cargo de Profesor con 16 horas de clases- categoría adjunto 1 en calidad de contrata-, a contar de la total tramitación y notificación del citado decreto, en consideración al artículo 154 de la Ley N° 18.834 de 1980. A la referida carta se le adjuntó copia del Decreto N° 440 y del Decreto TRA N° 323/440/2017, cuya toma de razón se efectuó el 13 de febrero de 2017, de la Región Metropolitana de 17 de enero del mismo año.

Reproduce el contenido de los decretos citados en los que se lee el fundamento tenido en cuenta por la autoridad universitaria para adoptar la medida impugnada, siendo ésta el haber hecho uso de licencia médica, por un lapso continuo o discontinuo, superior a seis meses en los últimos dos años, sin que haya mediado declaración de salud irrecuperable.

Explica que ha registrado un total de 14 licencias médicas, en el periodo de 12 meses, debido a una depresión provocada por duelo. Agrega que desde el 24 de noviembre al 31 de diciembre del año 2015 requirió de reposo completo; lo mismo entre el 1 de enero al 31 de enero del año 2016 y desde el 29 de febrero al 24 de agosto de esa anualidad. Destaca que con ello hace un total de 234 días en tal régimen. En cambio, desde el 26 de agosto de 2016 al 30 de enero del año 2017, se le prescribió licencia médica en la modalidad de reposo parcial, vale decir, media jornada, pero que la recurrida no le asignó curso alguno durante dicho periodo. Arguye que siendo así, dicho lapso sin que hubiera prestado servicios obedece a una situación ajena a su voluntad.

Sostiene que tanto el cambio de modalidad de reposo médico como la recuperación total de su salud fue informada oportunamente a la recurrida.

En cuanto a la relación contractual que tenía con la Universidad de Santiago, indica que su contratación se renovaba anualmente y que en el último periodo le fue renovado el contrato por el plazo de un año con fecha 1 de enero de 2017, por lo que le resultó sorpresivo que, durante ese mismo mes, se tramitara la vacante de su cargo.

A su juicio, el actuar de la recurrida es arbitrario, pues se limitó a contar el tiempo en que estuvo sujeto a licencias médicas sin haberlo oído, no pudiendo aportar antecedentes médicos sobre la recuperabilidad de su estado de salud. Aduce que el artículo 150 del Estatuto Administrativo está concebido para la hipótesis de salud incompatible o irrecuperable con el cargo y que, en su caso, ésta se recuperó dentro de un periodo que demuestra compatibilidad con la función que desempeñaba.

Considera que la actuación de la recurrida vulnera el artículo 19 N°1 de la Constitución Política de la República, por cuanto los hechos descritos han ocasionado un perjuicio físico y psíquico al recurrente. Además, el numeral 24 de la misma disposición, puesto que se le renovó la contratación a partir del 1 de enero hasta el 31 de diciembre del presente año, poniéndole término de manera intempestiva, mediante la declaración de vacancia del cago, lo priva de la posibilidad de obtener la retribución económica por sus servicios docentes.

Finalmente cita jurisprudencia de los tribunales superiores de justicia que avalan su planteamiento, solicitando, en definitiva, que se acoja la presente acción constitucional y declare ilegal y arbitrarios los Decretos N° 440 de 17 de enero de 2017 y TRA N°323/440/2017, por los cuales se decretó vacante el cargo servido por el recurrente, disponiendo que la Universidad de Santiago de Chile dicte de inmediato el acto de reemplazo correspondiente que permita retomar el cargo al actor, con continuidad de servicios y remuneraciones, con expresa condena en costas.

SEGUNDO: Que a fojas 28 evacuó informe el abogado Ángel Jara Tobar, en representación de la Universidad de Santiago de Chile. Tras una breve reseña del recurso, indica que éste es improcedente analizando para ello el marco legal de actuación que ha tenido a la vista la referida casa de estudios. En primer lugar, cita el artículo primero del Decreto con Fuerza de Ley N° 141 de 1981 que fija el Estatuto Orgánico de la Universidad de Santiago de Chile. En este articulado se sostiene que la referida casa de estudios corresponde a una persona jurídica de derecho público, independiente, autónoma, que goza de libertad académica, económica y administrativa y que se relaciona con el Estado a través del Ministerio de Educación. Agrega que en virtud de su autonomía le concierne regir por sí misma lo relativo al cumplimiento de sus fines y que, de la misma manera, debe determinar la forma que realizará sus actividades de docencia, investigación y extensión. Asimismo, que el artículo 11 letra e) del citado cuerpo legal establece las atribuciones del Rector entre las cuales está la facultad de determinar la planta de personal. Sostiene que le corresponde a él designar el personal académico y administrativo de la Universidad y a los directivos superiores, previa aprobación de la Junta Directiva.

Aduce que el acto administrativo que resolvió declarar vacante citado puesto se enmarca tanto lo establecido en los artículos 150 y 151 de la Ley N° 18.834, el Estatuto Administrativo, como en lo dispuesto en el artículo 11 letra e) del Decreto con Fuerza de Ley N° 149, previamente citado, siendo por tanto una decisión ajustada derecho y adoptada en representación de la referida casa de estudios.

Además, señala que la acción deducida es improcedente por no cumplir con uno de sus requisitos básicos, esto es, fundarse en actuaciones u omisiones que tengan un carácter arbitrario o ilegal. Hace presente que el artículo 150 del Estatuto Administrativo establece dentro de las causales para declarar la vacancia del cargo, específicamente, en el literal a) la salud irrecuperable o incompatible con el cargo de desempeño; y en su artículo 151 del citado cuerpo legal, inciso 1°, que el jefe superior del servicio podrá considerar como salud incompatible, con el desempeño del cargo, haber hecho uso de licencia médica en un lapso continuo o  discontinuo superior a seis meses en los últimos dos años, sin mediar declaración de salud irrecuperable.

Por otra parte, afirma que en relación a dicha facultad la Contraloría General de la República ha establecido en su dictamen número 13.5 70 de 2015 que la declaración de vacancia procede en el caso de salud irrecuperable o incompatible, tanto en referencia al artículo 150 como 151 de la Ley N° 18.834. En otras ocasiones ha dicho que la autoridad posee la facultad discrecional para tomar la medida de que se trate, una vez producida la circunstancia de hecho que la hace procedente, sin que le competa a esa entidad de control ponderar los motivos concretos que se tuvieron para ello, en la medida que ésta satisfaga las condicionantes anotadas, lo que acontece en el caso concreto.

Por lo tanto, concluye, que es una potestad del jefe de servicio el poder cesar en funciones a aquel funcionario que cumpla con los requisitos objetivos y que, en el caso en cuestión conforme a los antecedentes que se adjuntan, la situación médica del recurrente los cumple, por lo que procede la aplicación de la causal de cese de funciones.

El informante añade que no existe privación perturbación o amenaza derechos consagrados en el artículo 19 Nos 1 ni 24 de la Constitución Política de la República en virtud de sus consideraciones expuestas, solicitando consecuentemente que se rechace el recurso deducido en contra de esta Universidad.

TERCERO: Que el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes, que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio.

CUARTO: Que constituye requisito indispensable de admisibilidad de la acción cautelar de protección la constatación de la existencia de un acto ilegal, esto es, contrario a la ley, o arbitrario, producto del mero capricho de quien incurre en él, que provoque alguna de las situaciones que se han indicado y que afecte, además, una o más de las garantías constitucionales protegidas por el citado artículo 20 de la Carta Fundamental.

QUINTO: Que el asunto sometido a la consideración de esta Corte, consiste en determinar si la dictación, por parte del Rector de la Universidad de Santiago de Chile, del Decreto N° 440 y Decreto TRA N° 323/440/2017 cuya toma de razón se efectuó el 13 de febrero de 2017, constituye un acto ilegal o arbitrario, según alega el recurrente.

SEXTO: Que en cuanto a la ilegalidad acusada cabe anotar que el acto impugnado fue dictado por la autoridad competente en el marco de sus potestades legales; a saber, el Decreto con Fuerza de Ley N° 141 de 1981 que fija el Estatuto Orgánico de la Universidad de Santiago de Chile y los artículos 150 y 151 de la Ley N° 18.834.

El propio recurrente reconoce en su presentación que cumple con los requisitos objetivos establecidos en dicho cuerpo legal, al indicar que permaneció, en un primer período de licencias médicas, un total de 234 días ausente por indicación de reposo total, lo que excede el plazo señalado en el estatuto administrativo para que el cargo del funcionario respectivo pueda ser declarado vacante por salud incompatible.

SÉPTIMO: Que no obstante lo anterior, la forma en que se procedió a ejercer dicha potestad -no controvertida por el recurrido- aparece como sorpresiva, antojadiza, carente de fundamento si se toma en cuenta que el mismo mes en que procedió a ejercerse, se le había renovado la contratación. En efecto, no resulta comprensible, a juicio de esta Corte, la medida adoptada tratándose de la misma persona, en un principio aquejada en su estado de salud, pero que ya se encontraba con ésta recuperada, y con una nueva contratación, cuando se optó por aplicar los artículos respectivos del estatuto administrativo. Siendo así, el acto impugnado resulta arbitrario con lo que se satisface el requisito básico para acoger la acción constitucional deducida en contra de la Universidad Santiago de Chile como se expresará en lo resolutivo, afectándose la garantía constitucional del artículo 19 N°1 invocada por el recurrente.

Por estas consideraciones lo previsto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y el auto acordado de la Excelentísima Corte Suprema sobre tramitación del recurso de protección, se acoge, sin costas, el recurso de protección deducido por don Raúl Thoms Lobos en contra de la Universidad de Santiago de Chile (USACH), representada por su Rector, don Juan Manuel Zolezzi Cid, por cuanto el Decreto  N° 440 y el Decreto TRA N° 323/440/2017 impugnados por esta vía son arbitrarios, ordenándose que a la brevedad sean éstos dejados sin efectos, disponiéndose la reincorporación del recurrente  a su cargo en los  términos previos a su desafectación y declaración de vacancia del mismo.

Regístrese, comuníquese y archívese.

Redacción de la abogado integrante señora Ramírez.

ROL N° 16213-2017

Pronunciada por la Primera Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago, presidida por el ministro señor Carlos Gajardo Galdames e integrada, además, por el ministro señor Leopoldo Andrés Llanos Sagristá y la abogado integrante señora María Cecilia Ramírez Guzmán. 

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